Un fuerte pedido ingresado este lunes 27 de julio en el Concejo Deliberante puso sobre la mesa un dilema histórico en el empleo público local: ¿deben tener prioridad los hijos de los trabajadores municipales o el ingreso tiene que ser exclusivamente por concurso público abierto?
El Sindicato Independiente Municipal (SIM) presentó una nota formal dirigida al Presidente del cuerpo deliberativo denunciando que el Municipio incorpora personal sin respetar el artículo 10 de la Ley Provincial 9.286, el cual indica que se «deberá otorgar preferencia a los hijos de los agentes en actividad, jubilados o fallecidos». Desde el gremio exigen la creación de una Bolsa de Trabajo de «Hijos de Municipales» e intiman a transparentar los ingresos de los últimos dos años. NUDO DE LA POLÉMICA: ¿CONCURSO O PREFERENCIA FAMILIAR?La presentación sindical genera un contrapunto directo con el marco legal vigente en Villa G. Gálvez:
La posición de la Ordenanza 2.227/14:Establece de manera obligatoria el concurso público de oposición y antecedentes evaluado por una Junta Examinadora. El espíritu de esta norma busca garantizar el principio de idoneidad e igualdad de oportunidades (Art. 16 de la Constitución Nacional), permitiendo que cualquier vecino o vecina pueda aspirar a un cargo público por sus méritos y capacidad, eliminando privilegios hereditarios o acomodamientos. El reclamo del Sindicato (SIM):
La posición de la Ordenanza 2.227/14:Establece de manera obligatoria el concurso público de oposición y antecedentes evaluado por una Junta Examinadora. El espíritu de esta norma busca garantizar el principio de idoneidad e igualdad de oportunidades (Art. 16 de la Constitución Nacional), permitiendo que cualquier vecino o vecina pueda aspirar a un cargo público por sus méritos y capacidad, eliminando privilegios hereditarios o acomodamientos. El reclamo del Sindicato (SIM):Sostiene que la prioridad para los hijos de los trabajadores es una obligación legal del Estatuto Provincial y un acto de «justicia social» para la carrera de la familia municipal. Argumentan que no piden un privilegio, sino el cumplimiento estricto de la ley provincial y un freno a las designaciones directas.
